El presidente sufre una equivocación, o propiamente hablando, comete un olvido al afirmar en el Mensaje que durante los meses de su gobierno “la prensa ha gozado de amplias garantías”.
Y ¿El Independiente? Y ¿el encarcelamiento de sus propietarios, colaboradores y cajistas? Y ¿la confiscación de los tipos? Verdad que para consumar el atentado y revestirle de visos legales, se pretextó que en la redacción del semanario se conspiraba, que en las habitaciones de la imprenta existía un gran depósito de rifles y municiones. Si lo realizado con El Independiente se ha repetido en alguna provincia, el Gobierno lo sabe, quiere decir, lo olvida mejor que nadie2.
No cabe duda que los obliviones sirven de mucho en política. Un gobierno de pega o contrabando, un quídam impuesto a la Nación por el fraude y el cohecho, puede olvidarse de su origen y vanagloriarse de que el voto popular le condujo al poder. Felizmente, el señor de Romaña no recurre a olvidos tan graves, porque tiene honradez ejecutoriada y debe el mando supremo al voto libre y espontáneo de sesenta mil sufragantes.
Se queja el Presidente de que “por deficiencia de la Ley se haya abusado tanto de la libertad de imprenta”; de que “no haya pena para el difamador”; de que “en materia de prensa anden juntas la libertad y la irresponsabilidad, y sin garantía el honor del ciudadano”. Si las abrumadoras labores del Gobierno le concedieran al señor de Romaña el tiempo necesario para revisar la Ley de Imprenta y el Código Penal, vería que el Jurado asegura la responsabilidad del escritor y que las leyes fijan penas muy severas para castigar al difamador. Aunque se diga lo contrario, el honor del ciudadano disfruta de las garantías necesarias: ¿no vemos continuas denuncias de artículos difamatorios? ¿no sabemos de individuos castigados por no haber probado la imputación deshonrosa? Las autoridades no emplean los medios legales a que suele recurrir el simple ciudadano, porque les juzgan muy dilatorios, porque gustan más de las medidas rápidas y violentas: es más fácil encarcelar a un periodista que denunciarle ante los jueces de hecho, es más cómodo cerrar una imprenta que enjuiciar a un editor.
En nuestro país ¿se abusa mucho de la libertad de imprenta? El hombre imparcial que tenga la paciencia de recorrer los diarios salidos a luz desde 1895 hasta 1900, verá que en la prensa nacional no existe abuso de libertad sino exceso de sumisión. ¿Dónde los periódicos incendiarios? ¿Dónde los periodistas demoledores y rebeldes? Los artículos de nuestros publicistas encierran tan poca hiel que parecen escritos por un lego de la Buena Muerte o por una madre abadesa de la Concepción. Hoy mismo, los diarios de Lima llevan un tinte clerical, más o menos subido: son gobiernistas, con la diferencia que unos lo pregonan con la impudencia del lacayo, mientras los demás lo disimulan con la melosidad del jesuita. Las poquísimas hojas que, por intermitencias o accesos, descubren una independencia relativa, las que viven de suscripciones y avisos, no ejercen un apostolado: practican una industria. Así, pues, al tratarse de pensamientos o ideas, no conocen nuestros diarios el abuso de la libertad de escribir: todos rinden culto a la Diosa Rutina, ninguno lanza principios disociadores ni disolventes. Queda el abuso en la injuria, la difamación y la calumnia.
No han faltado ni faltan hoy mismo, algunos semanarios que injurien, difamen y calumnien, no sólo a las autoridades sino a los individuos que no tienen participación en las cosas de gobierno; mas esos libelos ¿viven siempre de las suscripciones populares? ¿Quién les fomenta muchas veces? Esos semanarios gobiernistas, esas bombas de aspirar y expeler sustancias fecales ¿de dónde suelen sacar la fuerza motriz y el aceite lubrificante? El señor de Romaña, exministro de la Coalición Demócrata–Civilista, sabe tal vez el modo cómo se adquiere la devoción de ciertos papeluchos semanales, conoce probablemente la proporción entre las calumnias al adversario y las subvenciones oficiales.
El Presidente asegura que “no se ejerce la libertad cuando se ataca el derecho ajeno contra todo principio de justicia, y pierden su título al ejercicio de ella los que la prostituyen en vez de enaltecerla”. De tanta ambigüedad y enrevesamiento, se saca en limpio este axioma: quien abusa de la libertad de imprenta, pierde el derecho de escribir. Luego, el que algunas veces se indigesta por haber comido con glotonería, pierde el derecho de comer; luego, el que por mala fe le pisa el callo a un transeúnte, pierde el derecho de caminar en las aceras de una población. Quien abusa de un derecho no pierde la facultad de ejercerle: debe un resarcimiento por el daño que produce, nada más. De que un hombre haya obrado mal en varias ocasiones, no se deduce que siempre dejará de practicar el bien, así como por dos o tres errores profesionales no debe concluirse la incapacidad de un artesano para ejercer su oficio. Porque un ingeniero no calcule bien la presión del líquido y haga reventar las cañerías, o porque formule un presupuesto de ochenta mil soles para una instalación eléctrica que al fin resulta costar más de doscientos ochenta mil, no se deduce inflexiblemente que debemos prohibirle el ejercicio de su profesión o inhabilitarle para desempeñar el Ministerio de Fomento.
Chateaubriand (un retrógrado, pero con mucho fósforo en el cerebro) llegó a decir que toda la ley de imprenta se debe resumir en este solo artículo. “No hay delitos de imprenta”. Pero el señor de Romaña (que no sabemos si almacena tanto fósforo como Chateaubriand) exclama con patético fervor: “Es urgente que los honorables representantes den al país una ley de imprenta satisfaciendo el clamor público”.
Esto quiere decir: el Gobierno pide a las Cámaras una Ley de Imprenta que sirva de pendant al Código de Justicia Militar. Respecto al clamor público ¿dónde y cuándo pudo manifestarse? Si el clamor público se dejara oír en Palacio, no sería con el fin de pedir leyes restrictivas, sino más escuelas y menos garitos, más amplitud de miras y menos provincialismo, más iniciativa propia y menos subordinación al amo.
Nadie pediría el amordazamiento de la imprenta, salvo los que no llevan limpia la conciencia. Se realiza un fenómeno muy sugestivo: los culpables, censurados con severidad y justicia, protestan, se encolerizan y piden el exterminio del censor; mientras los inculpables, calumniados con injusticia y ferocidad, se callan, sonríen y escuchan con imperturbable desdén las vociferaciones del calumniador. Sumamente quebradiza debe ser la honra de algunas personas, cuando temen que las rompa el aleteo de un escarabajo.
Probablemente algunos comensales del señor Romaña le habrán manifestado la conveniencia de operar en familia, sin que voces importunas divulguen los cubiletes ni los tapujos, y él ha tomado por clamor nacional el murmullo de los parásitos: eso equivale a figurarnos que sentimos el fragor de una tempestad cuando estamos oyendo el zumbido de algunas moscas.
Es muy laudable que el Mandatario Supremo se desvele por resguardar la honra, no sólo de sus sesenta mil electores sino de todos los peruanos, sin distinción de colores políticos: merece un aplauso unánime, porque desea defendernos con un entusiasmo cien veces mayor que el experimentado por nosotros mismos. Sin embargo, desearíamos que sus buenas intenciones no lleguen a realizarse: ni él ni el actual Congreso poseen las condiciones necesarias para darnos la verdadera Ley de Imprenta.
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El índice de Propaganda y ataque.
El porvenir nos debe una victoria, prosa y poesía de Manuel González Prada.
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1Publicado en La Idea Libre Pensamiento de Lima, el 5 de agosto de 1900 [AGP].
2Respecto de El Independiente, dice Luis Alberto Sánchez, el biógrafo de González Prada: “Don Manuel resolvió tentar, una vez más, fortuna. Fundó otro periódico radical, El Independiente, en agosto de 1899. Piérola se iba del poder, imponiendo en la Presidencia a su comprovinciano Eduardo de la Romaña, clerical y conservador... El Independiente, voz misma de don Manuel, prosiguió su obra demoledora. Naturalmente, en un ambiente seudo–democrático y conservador, aquello no podía subsistir: El Independiente siguió el camino de Germinal y La Luz Eléctrica. El Gobierno una vez más, toleró el despojo y el ataque contra el periódico que amparaba los escritos del hereje y sibarita González Prada” (Don Manuel, ed. Ercilla, págs. 170 y 173) [AGP].